A. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
UNA INICIATIVA IMPRESCINDIBLE
El propósito de esta iniciativa, impulsada por la Plataforma por la Democracia Económica[1], es concretar una propuesta realista que ofrezca un camino legislativo adecuado para impulsar la participación de los trabajadores en el gobierno de las empresas. Con ello, se pretende contribuir al cumplimiento del mandato constitucional que requería a los poderes públicos a legislar, “las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas” (art. 9.2) así como “las diversas formas de participación en la empresa” (art. 129.2). Transcurridos 42 años sin cumplirse aquel mandato, España está obligada a recuperar el tiempo perdido y ponerse en vanguardia de lo que significa la democratización de la economía en un contexto acelerado de transiciones sociales, tecnológicas, energéticas y medioambientales.- El concepto mismo de Democracia Económica lleva demasiado tiempo ausente de la agenda social en el conjunto de los países occidentales. El tiempo dirá si esa ausencia, que no puede identificarse con la falta de alternativas sobre el modo de producir, está conectada con la debilidad creciente de la propia democracia y la aparición de derivas autoritarias en el gobierno de muchas naciones.
Resulta ya evidente el agotamiento de un modelo de gobernanza empresarial basado en la creación de valor para el accionista y en la unilateralidad del ejercicio del poder desde el primer ejecutivo que ha elevado la desigualdad hasta límites impensables. También, que las políticas de austeridad que acompañaron a la crisis de 2008 han agotado su margen de maniobra. Como consecuencia, desde amplios sectores, se reclama un nuevo consenso que debe atreverse a poner en discusión el modo de producir y la lógica de la organización empresarial. No es concebible que las empresas insistan en compartir los riesgos y los sacrificios entre los diversos actores económicos (trabajadores, instituciones, proveedores, clientes…) y no se socialicen y compartan las decisiones.
Significa que es el momento de recuperar iniciativas dispersas y dotarlas de un cuerpo coherente que redefina y actualice una agenda alternativa.
- La democratización de la economía es algo que supera el ámbito empresarial. Requiere participar en la elección de las prioridades socioeconómicas al más alto nivel en el corto y largo plazo. Se manifiesta en la capacidad de influir en los grandes asuntos: en el “cómo producir” (gestión del cambio tecnológico, economía circular, control sobre dividendos, ajustes ante demandas estaciónales, externalización y deslocalización productiva...) y “cómo distribuir los excedentes” (salarios mínimos y máximos, control sobre los bonus de los directivos, bonificar o gravar los beneficios según su destino, superar brechas sociales y de género).
Parece imposible, sin embargo, avanzar en esos objetivos sin abordar la participación de los trabajadores (y en lo posible, de otros grupos involucrados) en el gobierno de la empresa, un propósito que, en sí mismo, constituye la alternativa más completa y contundente al monopolio del gobierno de la empresa.
- Plantearse como objetivo un proyecto de ley sobre esa participación de los trabajadores es un paso imprescindible en el camino hacia el desarrollo de un modelo empresarial inclusivo, alejado de los parámetros actuales.
Dar ese paso significa decidirse a desbrozar todo aquello que aclare su significado en línea con las mejores experiencias sociales[2], aclarando cuantas cuestiones técnicas requiera, incorporando argumentos capaces de enriquecer su planteamiento y vencer las dudas y resistencias que vayan surgiendo y, al tiempo, establecer un diálogo con otras posibles propuestas, especialmente las que impliquen a los sectores empresariales más dinámicos.[3]
- Entre sus objetivos está el mitigar la desigualdad primaria y favorecer la economía productiva fortaleciendo sus lógicas. En particular: favorecer la calidad del empleo y el talento colectivo, apostar por un modelo de competitividad basado en la creación de valor en los productos y servicios, facilitar la innovación continua como resultado del capital colectivo e impulsar la transformación del tejido económico en un entorno de transiciones aceleradas. En una coyuntura marcada por un riesgo creciente de recesión, aspira también a mitigar la deslocalización de actividades y los ajustes de empleo como salida.
- Los promotores de esta iniciativa son conscientes de que el predominio en el tejido productivo de la microempresa y la multifragmentación social que facilitan las tecnologías digitales son un obstáculo a la democratización del sistema económico, aunque dadas las potencialidades de colaboración horizontal que ofrecen, puedan ser vistas también como un reto y una oportunidad. En cualquier caso, es una circunstancia que no puede bloquear la apertura de un camino que tendría una dimensión indudable si se impusiera satisfactoriamente en el interior de las grandes, medianas y pequeñas empresas.
La intención gubernamental de reformar el Estatuto de los Trabajadores es una ocasión única para introducir en la agenda política una propuesta que vaya mucho más allá del mecanismo de derechos de información y consulta regulados en el Título II del presente Estatuto.
- Una propuesta como la que aquí se pretende solo saldrá adelante si el proyecto de ley que de ella se derive consigue suficiente apoyo parlamentario. Y ello requiere trabajar consensos políticos, aunque tratándose de un tema fuera de foco hay escasas referencias de su posible alcance.[4] A favor, cuentan las recomendaciones de las instituciones europeas y a favor cuenta también el hecho de que España es uno de los pocos países donde no hay legislación al respecto.
SIGUIENTE APARTADO
I.B.- REFERENCIAS INTERNACIONALES
[1] La PxDE, (Plataforma por la Democracia Económica) www.democraciaeconomica.es reúne a un conjunto de profesionales empeñados en poner en la agenda política y social cualquier aspecto que permita el desarrollo de una economía participada por los ciudadanos. En este caso ha asumido la tarea de desbrozar todos los aspectos que propicien un proyecto de ley sobre participación de los trabajadores en las empresas. [2] Salvando las distancias, utilizamos como referencia de comportamiento social la iniciativa PPiiNA (Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles por Permiso y Adopción) que ha conseguido, con su paciente y decidida iniciativa, alimentar un nuevo consenso social sobre permisos de paternidad e impulsar cambios legislativos que los reconozcan. [3] La propuesta que aquí describimos, impulsada por la PxDE, tiene contactos permanentes con la desarrollada desde la Fundación Arizmendiarreta, del Grupo Mondragón, que impulsa una PNL (Proposición No de Ley) para presentar en el Congreso de los Diputados, con la que, en buena medida, converge en planteamientos. [4] Una referencia de lo que supone hoy ese consenso, sus rasgos y sus límites, es la Proposición no de ley del Parlamento Vasco por un modelo inclusivo-participativo de empresa, aprobada en septiembre de 2018 con el apoyo de todos los partidos. Fue aprobada como resolución con el apoyo de los grupos parlamentarios Nacionalistas Vascos, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, Socialistas Vascos y Popular Vasco. Los principales puntos del acuerdo son: Continuar y profundizar en el apoyo a la difusión e implementación de sistemas participativos de gestión característicos del modelo inclusivo- participativo. Estimular igualmente la implantación de sistemas de participación de los trabajadores en los resultados de la empresa, colaborando en la identificación de las fórmulas de mayor éxito tanto en la CAV como a nivel europeo. Facilitar la incorporación de los trabajadores en el capital de la empresa, habilitando vías de ayuda para realizar la aportación de cada trabajador. Identificar las mejores prácticas a nivel internacional en lo que se refiere a políticas fiscales que ayuden a promover la participación en la propiedad. Estudiar una fórmula jurídica adecuada y, en su caso, la elaboración de una ley que perfeccione la reglamentación actual.
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